Gastos hipotecarios. Sobre la reciente Sentencia de la Sala 3ª del TS.

No entramos aquí en el debate o crítica de la cuestión que fue objeto de litigio, centrada, esencialmente, en determinar quién tiene la condición de sujeto pasivo del impuesto sobre actos jurídicos documentados en las escrituras de constitución de préstamos con garantía hipotecaria. El Tribunal Supremo -con un voto particular concurrente y otro discrepante-, deja las cosas claras: “…el sujeto pasivo en el impuesto sobre actos jurídicos documentados cuando el documento sujeto es una escritura pública de préstamo con garantía hipotecaria es el acreedor hipotecario, no el prestatario…”, o, dicho de forma, es el Banco.

Lo que resulta trascendente –consideramos- es analizar los efectos de este cambio de rumbo jurisprudencial que rompe y abandona lo que hasta ahora había constituido una línea jurisprudencial uniforme y sin contradicciones. En la propia Sentencia se admite que nos encontramos ante una reinterpretación de elementos normativos en sentido opuesto a aquel en el que se venían interpretando desde una primera Sentencia de 19 de noviembre de 2001 hasta la más reciente de 22 de noviembre de 2017.

¿Qué significa? Desde nuestro punto de vista, que este viraje interpretativo no puede producir efectos ex tunc, o, dicho de otra manera, que el abrupto giro no sirve para revisar o alterar situaciones jurídicas consolidadas con anterioridad al dictado de la Sentencia que nos ocupa. Más directamente aún, que las cláusulas referidas al pago de impuestos insertas en las escrituras de constitución de hipoteca, no devienen nulas con motivo de este reciente pronunciamiento. Y dicho sea todo ello salvando las consideraciones que se puedan hacer en torno a la aplicabilidad en el orden civil de una Sentencia dictada en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, que lejos de declarar la nulidad de cláusulas contractuales, se limita a anular una liquidación tributaria.

Guste o no guste, los Bancos actuaron –hasta la fecha- conforme a la Ley según venía siendo interpretada uniformemente por el Tribunal Supremo con la ratificación del Tribunal Constitucional. Siendo ello así, admitir que la reciente modificación interpretativa pueda afectar a situaciones anteriores implica dejar sin efecto –nada menos- que el principio de seguridad jurídica que consagra el art.9.3 de la Constitución Española, suma de certeza y legalidad para la persona (física y jurídica) frente al poder público, y pilar básico de cualquier Estado de Derecho.

Concluimos por ello que la Sentencia no servirá para declarar la nulidad radical de las cláusulas referidas al pago de los impuestos derivados de la constitución de hipotecas contratadas con anterioridad a dicha resolución, lo que no quita para que este “alpiste” genere un nuevo aluvión de demandas que muy posiblemente dé lugar a resoluciones contradictorias y a una futura nueva Sentencia del Tribunal Supremo que no termine de ofrecer la siempre deseada seguridad jurídica, salvo que la anunciada rectificación o complemento de la Sentencia de marras lo consiga.

 

Firma: Valdés-Hevia abogados